Redes sociales, ¿una nueva era para la participación ciudadana?

Por Ley, ahora solo es suficiente mandar un "twit"

Red Zibatá

Las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos con nuestros familiares y amigos. También han afectado la manera en que interactuamos con la sociedad en general. Sobre todo, cuando se trata de temas políticos y de participación ciudadana. Por ejemplo, cada vez es más frecuente que a través de ellos nos enteremos de los nuevos proyectos de los gobernantes o se utilizan para enviarles comentarios y peticiones. Entre sus ventajas no solo está la rapidez y la facilidad de usar. Además, están al alcance de la mayoría de los ciudadanos. Los expertos calculan que cerca del 80% de los mexicanos activos contamos con alguna red social, (Ramírez, 2022).

Según un estudio de We are Social y Hoostuite (Branch.com, 2021), en el país existen poco más de 100 millones de personas que usan diversas plataformas de redes sociales. Entre las más utilizadas están Whatsapp, Facebook e Instagram. Y año con año no han parado de crecer. Tan solo de 2021 a 2022 lo hizo un 2.5%.

Ante este panorama, el gobierno y sus representantes no se han quedado atrás. Cada vez son más los que se apoyan en estos canales para acercarse a su electorado. Por ejemplo, en el Municipio El Marqués (al cual pertenece Zibatá) cuentan con Twitter, Instagram y Facebook.

Sin embargo, ¿qué tan eficiente es usar estos medios para aumentar la participación ciudadana?

Justo a inicios del mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las peticiones hechas a las autoridades a través de Twitter deben ser atendidas. Esto a raíz de un amparo tramitado por una persona que no recibió respuesta de sus 3 solicitudes enviadas al Ayuntamiento de Guadalajara.

¿Por qué se puede emplear Twitter para ello? En el Art. 8 Constitucional se establecen las bases para el derecho de petición. En él se declara que tanto los funcionarios como los empleados del gobierno deben atender las solicitudes que reciben por escrito. Aunque dicho artículo no menciona en específico el uso de las redes sociales, la SCJN validó que sí están contempladas siempre y cuando se cumplan las siguientes reglas:

1.       La respectiva autoridad debe ser titular de la cuenta a la que se formulan las peticiones

2.       Dicha autoridad debe haber habilitado normativa o institucionalmente el uso de esa red social como parte de su actuar oficial o a partir de la práctica cotidiana

3.       Deben existir indicios de que la autoridad usa esa plataforma para captar y responder peticiones. Es decir, no solo es para fines mediáticos o informativos.

4.       La solicitud externada por el particular debe ser una petición genuina e ir más allá de un comentario u opinión.

Pero además de usarlas como medio para enviar requerimientos, las redes sociales igualmente pueden ser empleadas para hacer un seguimiento personal con cada funcionario. Únicamente se necesita hacer una búsqueda por Internet para saber si éste cuenta con algún perfil de Twitter o Facebook y así “conectar” con él. De esta manera podremos conocer qué ideas son las que promueve, sus opiniones ante sucesos importantes en el país, así como su labor en el gobierno.

Las redes sociales son un camino para establecer diálogos directos con los representantes del Estado, sin importar el partido político al que pertenecen. Es el primer paso hacia una comunicación más cercana y transparente entre población y gobierno. Por eso cada vez son más los canales que se abren para tal objetivo.

Y si tienes una cuenta de red social, ¿has intentado interactuar con algún funcionario u organismo de gobierno? Si es así, platícanos cómo te ha ido y el resultado que has obtenido. Y si aún no lo haces, estás a tiempo de entrar a esta nueva era en la participación ciudadana.